Una mujer pide el aborto. La ley en su país lo permite. Acude al médico. Se usa el procedimiento “adecuado”. La mujer regresa a su casa. Al poco tiempo constata que el hijo sigue vivo. Pasan las semanas. El hijo nace.

Hechos de este tipo se han dado en varios países. En algunas ocasiones, la mujer ha recurrido a los jueces para acusar al médico por negligencia: si pidió un aborto en las primeras semanas, el resultado se tuvo que haber alcanzado.

Así ocurrió, por ejemplo, en España. En abril de 2010 una mujer acudió a un hospital de Palma de Mallorca para abortar. Varias semanas después descubrió que el hijo seguía vivo en el útero. Tras su nacimiento, inició un juicio por la “negligencia” del médico.

La sentencia de los jueces se conoció en mayo de 2012: el “culpable” de no haber hecho “bien” un aborto, debía pagar, en primer lugar, 150 mil euros por las secuelas y daños “irreparables” ocasionados a la mujer. Además, tenía que pagar, hasta que el hijo no cumpla 25 años, 987 euros al mes; es decir, la cantidad de 270 mil euros.

Una sentencia así levanta un sinfín de preguntas. ¿Es que resulta un daño el nacimiento de un hijo no querido? ¿Es que un médico, llamado por vocación a defender la vida y cuidar a los enfermos, no cumple con sus obligaciones si no elimina la vida de un hijo antes de nacer cuando se lo solicitan? ¿Es que los jueces, llamados a defender la justicia, especialmente la que afecta a los más débiles y vulnerables, pueden considerar un daño el que ese hijo haya nacido?

Las respuestas parecen fáciles en el contexto en el que han ocurrido estos hechos y otros parecidos: si la ley en España permite el aborto, el médico encargado de atender una petición en ese sentido tendría la “obligación” de realizar bien su “trabajo”. Pero este es el punto central de la cuestión: ¿es justa una sociedad en la que existen personas que tienen el deber de eliminar a seres humanos inocentes?

La sentencia a la que acabamos de aludir simplemente refleja un mundo desquiciado, donde un delito, la eliminación de un hijo, ha llegado a convertirse no sólo en un derecho sino incluso en un deber. Ya Juan Pablo II había advertido de la gravedad de este tipo de situaciones, que llegan a parecer “normales” allí donde el aborto ha sido legalizado.

Algunos, agudamente, han señalado cómo se comportará en el futuro la madre del niño nacido en España “por error”. ¿Explicará a su hijo que intentó matarlo y no lo consiguió? ¿Le hará ver que “gracias” a la incompetencia de un médico en usar sus conocimientos para matar a no nacidos ha recibido miles de euros para cuidarlo bien? ¿Le llevará un día a conocer al médico que actuó con tan poca pericia y que luego les dio tanto dinero, si la sentencia se hace ejecutiva?

No son preguntas imaginarias. Una sociedad que oculta las injusticias y no las revela a las víctimas inocentes se convierte en cómplice del mal.

En cambio, mirar a los ojos este tipo de situaciones absurdas permitirá, en los corazones amantes de la justicia y defensores de los débiles, dar los pasos necesarios para abolir el aborto en todas sus formas, y para promover ayudas adecuadas a aquellas mujeres que inician el embarazo en situaciones de dificultad, por el bien de las madres y de sus hijos.